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Transparencia Venezuela señala 240 obras en 22 estados y propone ente

Transparencia Venezuela señala 240 obras en 22 estados y propone ente
Imagen ilustrativa

La ONG Transparencia Venezuela propuso este sábado la creación de la Autoridad Nacional de Contrataciones Públicas (ANCP), un ente autónomo para supervisar los contratos del Estado y prevenir la corrupción, según informó El Nacional. La iniciativa se da a conocer en un contexto donde las pérdidas en compras públicas oscilan entre el 10% y el 25% del valor de los contratos, de acuerdo con Transparencia Internacional y la OCDE.

Las claves

  • La ANCP será el ente rector de un Sistema Nacional de Contrataciones Públicas Abiertas, con capacidad de registrar, divulgar y hacer seguimiento a todos los contratos, así como emitir alertas.
  • Tendrá autonomía técnica, funcional, financiera y administrativa, aunque estará adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas.
  • Transparencia Venezuela identificó más de 240 obras inconclusas en 22 estados y vinculó la opacidad con apagones, deficiencias en el agua y el transporte.
  • La propuesta incluye alertas antes del gasto de los recursos públicos y mecanismos para frenar la corrupción y la influencia de grupos de poder.
  • La organización aclaró que se puede empezar por vía administrativa, sin necesidad de esperar una nueva ley.

El problema: más de 240 obras paralizadas y servicios en crisis

Transparencia Venezuela advirtió que la falta de control en las contrataciones públicas tiene consecuencias visibles. La ONG señaló que se han detectado más de 240 obras inconclusas en 22 estados del país, lo que evidencia el desvío de fondos millonarios. Además, denunció el deterioro de servicios fundamentales como la electricidad, el agua y el transporte, que pese a recibir cuantiosas inversiones, no mejoran.

Estos problemas, según la organización, están directamente vinculados con la opacidad en los contratos estatales. Desde apagones hasta la escasez de insumos en hospitales y escuelas, la falta de rendición de cuentas agrava la crisis. Las cifras de Transparencia Internacional y la OCDE indican que en las compras públicas se pierde entre el 10% y el 25% del valor de cada contrato. Esa fuga de recursos impide que las inversiones millonarias se traduzcan en mejoras para la población.

¿Cómo funcionaría la Autoridad Nacional de Contrataciones Públicas?

La ANCP sería el órgano rector del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas Abiertas. Tendría la misión de registrar cada contrato, darle seguimiento, publicar sus condiciones y emitir alertas tempranas antes de que los fondos se ejecuten. Toda esta información estaría disponible en un portal abierto, lo que facilitaría el control ciudadano. Además, el sistema permitiría que cada paso de la contratación sea trazable y público. Según la propuesta recogida por Portuguesa Reporta, el sistema incluiría mecanismos estrictos para evitar la corrupción y la intervención de intereses particulares de grupos de poder en los procesos de contratación.

Un aspecto clave es la autonomía. Aunque adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, la autoridad contaría con independencia técnica, funcional, financiera y administrativa. Esta característica busca garantizar que las decisiones se tomen sin presiones políticas. "Se trata de una propuesta técnica que puede comenzar con medidas administrativas, sin esperar una nueva ley, para ser inflexibles a la hora de frenar la sustracción del dinero público", señaló la organización en un comunicado citado por El Nacional y reproducido por Portuguesa Reporta.

Lo que se sabe y lo que falta por confirmar

Hasta ahora, la propuesta de Transparencia Venezuela está respaldada por datos concretos: más de 240 obras inconclusas, pérdidas de hasta el 25% en contratos públicos y servicios deteriorados. Los medios El Nacional y Portuguesa Reporta coincidieron en los detalles del plan. Sin embargo, no hay una respuesta oficial del Gobierno de Venezuela ni un cronograma para implementar la ANCP. La organización insistió en que se puede avanzar por decreto o resolución administrativa, pero se desconoce si el Ejecutivo tomará esa ruta o si será necesario un debate legislativo más amplio. La propuesta queda sobre la mesa como una solución técnica a un problema que afecta todos los servicios públicos del país.

Fuentes: El Nacional · Portuguesa Reporta
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