El nuevo marco legal minero y sus implicaciones
La promulgación de la Ley Orgánica de Minas por parte de la gobernante encargada, Delcy Rodríguez, el pasado 17 de abril, marcó la apertura del sector al capital privado nacional y extranjero, como consecuencia directa de la cooperación energética con Estados Unidos, país que ejerce un tutelaje sobre Miraflores desde el 3 de enero. La nueva legislación, que derogó la decretada por el gobierno de Hugo Chávez, trajo consigo una gran interrogante: qué pasaría con el Arco Minero del Orinoco, creado por la gestión de Nicolás Maduro en 2016, y cómo el desastre económico, ambiental y social que ha imperado en la zona de más de 111.000 kilómetros cuadrados, durante años, puede dar paso al desarrollo.
Operativo militar en la zona minera
La operación que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana llevó a cabo este 9 de junio con helicópteros armados en las zonas de Las Brisas y Las Claritas, ricas en oro y otros minerales, en el municipio Sifontes del estado Bolívar, tuvo como objetivo enfrentar a líderes de la minería ilegal armada. Este despliegue parece indicar que, por petición de Washington, ha llegado el momento de poner orden, o al menos intentarlo. El exdiputado del Parlamento por el estado Bolívar, Américo De Grazia, y el exgobernador de la entidad, Andrés Velásquez, se muestran escépticos en cuanto a que el Estado venezolano pueda retomar el control en lo que se ha constituido como otro Estado en el territorio, porque quienes gobiernan, incluida la Fanb, afirmaron, conforman la misma estructura que originó el problema. Esto a pesar de la petición de Estados Unidos de resguardar las inversiones extranjeras.
Requerimiento de Washington y análisis
El politólogo y analista del tema militar, Ricardo Sucre, no considera que la Fanb esté en capacidad de garantizar el control del Arco Minero, pero tampoco espera presencia militar estadounidense en la zona, más allá de una coordinación para que se tomen ciertas medidas en el contexto del tutelaje. De cualquier forma, la soberanía y el papel de la institución castrense, advirtió, quedan nuevamente lesionados. En 2008, el entonces presidente Hugo Chávez nacionalizó la mina de oro más grande del país, Las Cristinas, donde la empresa canadiense Crystallex operaba desde 2002 bajo concesión del Estado. La empresa minera demandó para obtener una compensación por su salida del país y en 2017 un tribunal de Estados Unidos le dio la razón. Dicha expulsión, a juicio de De Grazia y Velásquez, abrió la puerta a una progresiva ocupación ilegal de la zona minera del país, en una mezcla entre el gobierno, la Fanb, guerrilla colombiana y otros grupos armados irregulares que comenzaron a disputarse el control de las minas y de sus riquezas.
Inestabilidad y perspectivas
La ONG SOS Orinoco, que monitorea el Arco Minero desde 2018, ha señalado a través de sus redes sociales que también hay inspecciones de las autoridades en plantas de procesamiento minero en El Callao y movimientos preventivos en El Dorado, pero niega que haya despliegues terrestres masivos en las zonas afectadas por el operativo. Reportes locales indican que el bombardeo sobre puntos estratégicos observados el martes por parte de helicópteros militares Cougar no ha continuado, pero sí los patrullajes. Algunos habitantes describieron como tensa la situación en Las Claritas, KM 88, este 10 de junio, con vías trancadas hacia El Dorado y Santa Elena de Uairén, por lo que el transporte no está circulando. Esta situación deja al descubierto la inestabilidad de cualquier tipo de negocio que pueda hacer Delcy Rodríguez en esta condición de interina, según sostuvo Velásquez. El dirigente de La Causa R señaló que estos acuerdos para inversiones solo se dan por reconocimiento de Estados Unidos, pero no es el interinato el que garantiza seguridad jurídica.
Despeje del terreno y soberanía
Para Ricardo Sucre, el despliegue de la Fanb en el Arco Minero es consecuencia directa del interés de Estados Unidos en el sector minero, y el objetivo es cuantificar lo que allí existe para dar paso a las trasnacionales que operarán en la zona. La evaluación por parte de los inversionistas que habría comenzado este 9 de junio, y la complejidad del territorio, requería que estuviera lo más despejado posible. Sucre subrayó que Estados Unidos necesita una zona ordenada y correctamente administrada como ocurre con las zonas petroleras, por lo que supone que hay una estrategia mayor detrás del operativo militar. Consultado sobre si cree posible la presencia militar estadounidense en la zona ante la falta de capacidad de la Fanb, el analista lo descarta. La seguridad externa es controlada por Estados Unidos pero el orden interno corre por cuenta de la Fanb. No vincula la reciente visita del jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, a Venezuela, al operativo en el estado Bolívar, por cuanto el general vino a tocar temas de geopolítica, aunque no descarta que la operación se haya mencionado en el encuentro con autoridades venezolanas.
