Crisis de confianza electoral
El escenario político venezolano se encuentra en un punto de profunda complejidad institucional que exige soluciones extraordinarias. En los últimos años, los procesos electorales han estado marcados por una alarmante abstención, motivada por la falta de garantías claras para los actores políticos.
Diversas organizaciones políticas con arraigo social legítimo optaron por no participar en contiendas como las de 2018 y 2020 ante la ausencia de condiciones competitivas equitativas. Esta postura de resistencia pacífica trajo como consecuencia una oleada de sanciones administrativas severas.
Cancelación de derechos de postulación
Entre las consecuencias más graves se encuentra la cancelación de las facultades de postulación para un importante grupo de partidos, argumentando el desuso de la tarjeta o la falta de renovación. Estas medidas adolecen de un vicio de nulidad absoluta a la luz del artículo 32 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones.
Dicho estamento establece que ninguna revocatoria o cancelación de inscripción podrá acordarse sin la previa citación formal de la organización afectada. La norma obliga al ente rector a otorgar un lapso de 30 días para ejercer el derecho a la defensa. Al omitirse este procedimiento y ejecutar cancelaciones exprés sin notificación, el organismo electoral actuó al margen de la legalidad vigente.
Ruptura del hilo constitucional
La realidad jurídica de la nación se encuentra trastocada por hechos que configuran una ruptura del hilo constitucional. El país experimenta la imposición de figuras políticas fácticas que ejercen un protectorado sobre el territorio. La Constitución establece que, ante la separación del cargo por parte del Ejecutivo durante 90 días, debe declararse la ausencia absoluta del funcionario y convocar a nuevas elecciones presidenciales.
Al no cumplirse este mandato, se genera un vacío de legitimidad. Las instituciones no pueden pretender usar los reglamentos electorales para asfixiar a los partidos disidentes mientras ignoran las normas que rigen la Jefatura del Estado.
Propuesta de amnistía electoral
En este contexto, cobra fuerza la propuesta de decretar una amnistía electoral amplia y sin exclusiones para todos los sectores. Esta medida no debe entenderse como un favor político, sino como una necesidad histórica. Una amnistía integral implicaría la suspensión de todas las inhabilitaciones administrativas y la restitución automática de las tarjetas y símbolos de los partidos despojados de sus derechos.
La reactivación plena de las organizaciones partidistas es el único camino para canalizar el descontento popular y alejar al país de la confrontación violenta. El restablecimiento de las facultades de postulación representaría la primera señal de una voluntad real de cambio y apertura democrática.
Para que las próximas elecciones representen una solución, la amnistía electoral debe convertirse en un punto prioritario de la agenda pública. Es imperativo que la sociedad civil, los gremios y la dirigencia unifiquen criterios en torno a esta exigencia de justicia.
