Newsom y la pena de muerte vuelven a ser noticia mundial: el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció este jueves 5 de noviembre que conmutará las condenas a muerte de los 548 presos que esperan su ejecución en el estado, reemplazándolas por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Así lo comunicó a la Corte Suprema de California, según informaron Los Angeles Times y la agencia AP.
Newsom y la pena de muerte: qué anunció el gobernador de California
En una carta abierta a los californianos, Newsom explicó su decisión: "Tomo esta medida porque creo firmemente que las ejecuciones por parte del Estado son incompatibles con los valores de California, socavan los cimientos de nuestro sistema legal y nos disminuyen a cada uno de nosotros". También reconoció que se trata de una de las decisiones "más difíciles" de su carrera, porque puede reabrir recuerdos dolorosos para las familias de las víctimas.
The Spectator Index difundió así la noticia en X:
BREAKING: California Governor Gavin Newsom will commute all 548 death sentences in the state, changing the sentences to life without parole.
— The Spectator Index (@spectatorindex) 5 de noviembre de 2026
¿Necesita aprobación de la Corte Suprema?
Sí, en parte. Según Los Angeles Times, el gobernador puede conmutar por su cuenta alrededor del 40% de las sentencias. El 60% restante corresponde a presos con condenas previas por delitos graves o con nuevos delitos cometidos mientras esperaban la ejecución, y requiere la revisión y aprobación del máximo tribunal estatal antes de que Newsom deje el cargo en enero. El precedente no es sencillo: en 2018, la misma corte rechazó 10 pedidos de clemencia que presentó el entonces gobernador Jerry Brown.
Entre los beneficiados figuran algunos de los criminales más conocidos de la historia del estado, como Charles Ng, condenado por el asesinato de 11 personas en los años 80, y Richard Allen Davis, que secuestró y mató a la niña Polly Klaas en 1993.
Cuándo fue la última ejecución en California
La decisión tiene un efecto en gran medida simbólico: California no ejecuta a nadie desde el 17 de enero de 2006, cuando murió por inyección letal Clarence Ray Allen. Desde que los votantes restablecieron la pena capital en 1978, solo 13 reos fueron ejecutados. En 2019, apenas dos meses después de asumir, Newsom decretó una moratoria de ejecuciones y ordenó desmantelar la cámara de la muerte de la prisión de San Quentin. Aun así, la pena de muerte sigue vigente en la ley estatal, por lo que los jueces pueden seguir dictándola.
The Washington Post destacó el alcance de la medida a nivel nacional:
Breaking news: California Gov. Gavin Newsom (D) said he is starting the process to commute the death sentences of more than 500 prisoners, which would empty the nation’s largest death row and eliminate nearly a quarter of all death sentences nationwide. https://t.co/GWRPqljZkq
— The Washington Post (@washingtonpost) 5 de noviembre de 2026
De concretarse, la medida vaciaría el corredor de la muerte más grande de Estados Unidos y eliminaría casi una cuarta parte de todas las condenas a muerte del país, según The Washington Post. Además, el estado gasta más de 200 millones de dólares al año en apelaciones de casos de pena capital, de acuerdo con un informe de 2025 del Habeas Corpus Resource Center citado por el LA Times.
Reacciones y el factor 2028
La ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles) celebró el anuncio como un paso "histórico" y recordó la demanda presentada en 2024 que denuncia sesgos raciales en la aplicación de la pena de muerte en California. En cambio, algunas familias de víctimas lo rechazaron: Sandy Friend, cuyo hijo de 8 años fue asesinado en 1996, lo calificó como "una bofetada" para las víctimas.
El anuncio llega en los últimos meses de su mandato y justo después de las elecciones de medio término del martes, que Newsom esperó para no instalar el debate en campaña. El gobernador evalúa una candidatura presidencial para 2028: la medida puede favorecerlo ante la base demócrata, pero una encuesta de Pew Research Center de agosto indica que cerca de dos tercios de los votantes del país apoyan la pena de muerte para condenados por asesinato. Su sucesor electo, Xavier Becerra, también se opone a la pena capital.
