El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no frenó la audiencia prevista para este miércoles 28 de octubre, lo que permitió que el proceso penal contra Juan Carlos Caguaripano Scott y otros 22 condenados a 30 años de prisión por el caso Paramacay siguiera su curso. La causa, que ya supera los nueve años en los tribunales, se encuentra en la etapa de impugnaciones ante el Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo.
Contexto del proceso
A propósito de la audiencia que se realiza este miércoles, el abogado defensor Juan Carlos Taguaruco detalló en entrevista telefónica con Efecto Cocuyo las actuaciones judiciales registradas desde el cierre del juicio oral hasta el trámite de apelación y el recurso introducido ante el TSJ.
Denuncias de la defensa
La defensa acudió a la Sala Constitucional del TSJ en Caracas para intentar frenar la audiencia de forma urgente. El recurso buscaba dejar sin efecto las decisiones del presidente del Circuito Judicial Penal de Carabobo, Carlos Bonilla Álvarez, quien asumió de forma irregular el control del expediente de apelación.
Irregularidades en la audiencia
Ante la falta de un pronunciamiento oportuno que otorgara la medida cautelar por parte del máximo tribunal, la sesión prevista conforme al artículo 448 del Código Orgánico Procesal Penal (Copp) siguió su curso para debatir las apelaciones contra la condena dictada por el Juez Tercero de Juicio, Luis Francisco Ovalles.
Violaciones al proceso judicial
La defensa denunció graves violaciones a los principios del debido proceso. Entre ellas, el incumplimiento del artículo 230 del Copp, que establece un límite máximo de tres años de privación preventiva sin condena firme. Además, ciudadanos civiles fueron investigados por tribunales castrenses desde la fase preparatoria y preliminar, lo cual es una irregularidad.
Consecuencias para los acusados
La defensa expuso que el juicio oral se interrumpió en al menos tres ocasiones por causas atribuibles al propio tribunal, lo cual, según el principio de concentración del Copp, obligaba a declarar la nulidad de todo lo actuado y reiniciar el debate desde cero. Para evitar que se declarara dicha nulidad por rebasar los plazos legales, el tribunal aplicó suspensiones no previstas en la ley y alteró las actas procesales.
