La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría chavista, aprobó este martes en primer debate la reforma de la ley contra el odio, que elimina las penas de prisión y las sustituye por multas y trabajo comunitario, según informó Infobae. El proyecto responde a una solicitud de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, enviada al Parlamento el 29 de septiembre. La norma, que contemplaba hasta 20 años de cárcel, fue usada para perseguir a críticos, según organismos de derechos humanos.
Las claves
- La reforma suprime las penas de prisión y las cambia por multas y trabajo comunitario, y establece procedimientos administrativos para aplicar la ley.
- El nombre de la norma cambiaría a Ley de Convivencia Pacífica y Tolerancia, según Infobae, mientras Prensa Latina informa que se propone llamarla Ley para la Convivencia Democrática, la Paz y la Tolerancia.
- Varias bancadas opositoras votaron en contra y exigen la derogación; el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa también pide derogarla.
- El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, admitió que la ley “fue mal aplicada” y que hubo un “uso abusivo” de la norma.
- Al menos 927 personas fueron acusadas de incitación al odio desde 2017, según Foro Penal; 118 adolescentes fueron imputados entre 2024 y 2025, según Cecodap.
La reforma fue aprobada con el voto de la mayoría oficialista y el rechazo de algunos diputados opositores. La diputada Amelia Belisario, de la bancada Libertad, dijo que “es una ley que sirvió para perseguir la disidencia” y que los artículos no se habían presentado. Belisario también señaló que las sanciones administrativas quedarían a cargo del Ministerio de Interior, al que acusó de haber aplicado mal la ley.
Jorge Rodríguez defendió la necesidad de una ley de convivencia e invocó el riesgo de una guerra civil. “El odio lamentablemente no se puede derogar y tampoco se contiene porque empiezan publicando un tuit y terminan quemando gente viva”, afirmó, según Diario Las Américas. También calificó a los opositores como “derecha borbónica”.
La norma vigente fue aprobada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano chavista instalado en paralelo al Parlamento de mayoría opositora, tras meses de protestas que dejaron más de 100 muertos. Delcy Rodríguez presidía esa Constituyente y defendió la ley.
El proyecto entra ahora en consulta pública y volverá al pleno para un segundo debate, artículo por artículo, y una votación final. La reforma se inscribe en el giro político que siguió a la captura de Maduro por fuerzas de Estados Unidos en Caracas, el 3 de enero, según Infobae.
¿Qué cambia con la reforma?
Además de eliminar la prisión, la reforma establece procedimientos administrativos, fija sanciones y exhortaciones a los medios de comunicación sin la posibilidad de revocarles la concesión, y prevé multas para quienes difundan mensajes de odio en redes sociales. Pedro Infante, primer vicepresidente del Parlamento, presentó el texto y explicó que la ley se aprobó entre abril y agosto de 2017 en un contexto de confrontación irracional.
Infante mencionó dos objetivos fundamentales: la despenalización de las conductas previstas y favorecer el reencuentro y la convivencia democrática. Reconoció que la ley “fue incorrecta, indebida y abusiva” en algunos casos, lo cual fue asumido con autocrítica por la jefa de Estado.
¿Qué dicen las organizaciones y la oposición?
La Plataforma Unitaria Democrática sostuvo a fines de septiembre que la ley “debe ser derogada, no reformada”. Human Rights Watch recomendó la derogación semanas antes, al cierre de su primera visita al país en casi 20 años. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Colegio Nacional de Periodistas también piden derogarla y advierten sobre mecanismos de censura.
El SNTP denunció que “durante nueve años, esta legislación ha sido utilizada para perseguir a periodistas, trabajadores de la prensa, defensores de derechos humanos y ciudadanos” y que desde 2020 ha documentado la judicialización de al menos 27 trabajadores de la prensa mediante el artículo 20 de esta ley.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión señalaron que una reforma parcial sería insuficiente y solicitaron publicar el texto completo y habilitar espacios de participación para periodistas y otros sectores.
¿Qué se sabe y qué falta por confirmar?
Se sabe que la reforma pasó el primer debate y que ahora irá a consulta pública antes de un segundo debate y votación final. No se precisa la fecha de esos próximos pasos. Tampoco se detalla el monto de las multas ni cómo se aplicará el trabajo comunitario. Foro Penal contabiliza todavía 322 presos políticos, 140 de ellos militares, con corte al 26 de octubre.
