Un grupo de expertos de las Naciones Unidas instó este miércoles a Venezuela a continuar con el levantamiento de bloqueos a sitios web de medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y servicios digitales. Los especialistas advirtieron que estas restricciones limitan indebidamente el acceso a la información, la libertad de expresión, el derecho a la privacidad y la comunicación segura.
El contexto de los bloqueos
Según el comunicado, proveedores de servicios de internet como CANTV, Digitel, Telefónica Venezolana (Movistar), Inter, Net Uno, Airtek y G-Network han bloqueado durante años el acceso a sitios de medios y organizaciones de derechos humanos, así como a plataformas de redes sociales, servicios de mensajería y proveedores de VPN. Presuntamente, estas acciones se realizaron a solicitud de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).
Avances y limitaciones
El bloqueo de la red social X fue levantado tras los terremotos de junio de 2026, pero otros sitios y servicios digitales permanecieron inaccesibles. En septiembre de 2026, varios portales fueron desbloqueados y se restableció el acceso a algunas plataformas adicionales. Sin embargo, otros sitios siguen total o parcialmente restringidos, incluidos medios nacionales e internacionales, herramientas de privacidad en línea y organizaciones de la sociedad civil.
Reclamación por falta de transparencia
Los expertos expresaron preocupación por la falta de información sobre la base legal de estas restricciones y sobre las vías disponibles para impugnarlas. Instaron a las autoridades a adoptar medidas acordes con los estándares internacionales para evitar que los bloqueos arbitrarios se repitan en el futuro.
Reformas legales en discusión
Los expertos celebraron el anuncio de la presidenta encargada de solicitar enmiendas a las disposiciones penales de la Ley contra el Odio. Señalaron que los mecanismos internacionales de derechos humanos han expresado preocupaciones sobre esta legislación y su uso indebido para restringir la libertad de expresión y criminalizar la disidencia pacífica desde su adopción en 2017.
