Operativo militar y falta de información
La organización no gubernamental Provea alertó sobre el temor que persiste entre los habitantes de Las Claritas y Kilómetro 88, una semana después del operativo militar llevado a cabo en la zona. Según la ONG, los pobladores aún desconocen aspectos fundamentales del procedimiento, que se inició el pasado 9 de junio con sobrevuelos de helicópteros, detonaciones y desalojos en áreas mineras que durante años estuvieron bajo control de grupos armados irregulares.
Incertidumbre sobre la muerte de Niño Guerrero
El operativo culminó con la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder del Tren de Aragua. Sin embargo, Provea señaló que no existe claridad sobre la fecha exacta del fallecimiento. “Se desconoce si ocurrió el 12 de junio —día en que el presidente Donald Trump la informó— o durante los primeros días del operativo”, indicó la organización en un comunicado.
Críticas al silencio del Estado
La ONG reclamó que “el Estado venezolano, que desde hace tiempo ha sido acusado de complicidad o permisividad con estos grupos irregulares que se adueñaron de las minas, guarda silencio”. A pesar de los comunicados oficiales emitidos tanto por la Casa Blanca como por Miraflores, persiste la opacidad. No se ha proporcionado información oficial sobre posibles heridos ni sobre otros fallecidos durante el operativo, lo que ha alimentado la circulación de versiones contradictorias.
Abandono estatal y riesgo de desplazamiento
Provea destacó que la violencia y el control ejercido por agrupaciones criminales en el sur de Venezuela son el resultado directo de años de abandono estatal y de una política que priorizó la extracción opaca de recursos, especialmente tras la creación del Arco Minero del Orinoco en 2016. “Las autoridades venezolanas abandonaron sus responsabilidades en estas zonas ricas en recursos minerales, permitiendo que el territorio fuera penetrado por economías criminales de todo tipo. Esto ha dejado a cientos de miles de pobladores en medio de la confrontación, en condición de vulnerabilidad y sin acceso a respuestas ni asistencia institucional”, puntualizó.
La organización advirtió que, sin un plan claro para el control de la minería ilegal en el sur de Bolívar, es probable que se produzcan desplazamientos de mineros y de la población hacia municipios aledaños. Provea instó a las autoridades a ofrecer información veraz y oportuna sobre los acontecimientos, y exigió la adopción de medidas concretas para proteger los derechos de las comunidades afectadas.
