Muerte por desnutrición en El Rodeo III
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este miércoles la muerte de Yosvet de Jesús Lozada Rojas, de 32 años, ocurrida el martes bajo custodia del Estado en el Internado Judicial Rodeo III. Según el reporte, el recluso presentaba un cuadro grave de desnutrición que le impedía mantenerse en pie y una pérdida progresiva de la memoria que lo llevaba a no reconocer a sus familiares. Con este caso, la organización suma 22 detenidos fallecidos bajo custodia estatal en los últimos dos meses.
Antecedentes del caso y solicitudes ignoradas
De acuerdo con el OVP, la situación de Lozada era conocida por la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. Sus abogados habían solicitado una medida humanitaria ante el tribunal que llevaba su causa, pero no obtuvieron respuesta. El abogado Eduardo Torres, defensor de derechos humanos, confirmó el deceso y acompañó a la familia en la morgue de Bello Monte, donde se priorizó la entrega del cuerpo. Torres indicó que no habría declaraciones y señaló que Lozada fue detenido en el marco de la Operación Trueno en Yaracuy, acusado sin pruebas sólidas.
Operación Trueno: contexto y detenciones
Lozada fue arrestado el 22 de mayo de 2022 durante la Operación Trueno, un amplio despliegue conjunto de fuerzas de seguridad ordenado por el gobierno de Nicolás Maduro entre abril y mayo de ese año, ejecutado en estados como Guárico, Yaracuy, Aragua, Anzoátegui y Miranda. El objetivo oficial era desarticular a la megabanda “Tren del Llano”. Sin embargo, según informes de organizaciones como Defiende Venezuela, Foro Penal y el OVP, la operación incluyó allanamientos sin orden judicial, detenciones masivas arbitrarias, torturas y siembra de pruebas. En Yaracuy, el operativo del 22 de mayo resultó en la detención de 23 personas, en su mayoría jóvenes trabajadores y estudiantes sin antecedentes penales, según sus familias. A Lozada se le imputaron cargos de terrorismo, asociación para delinquir y tráfico ilícito de armas. Sus defensores afirman que fue víctima de una acusación sin pruebas y que su detención fue arbitraria. Permaneció más de cuatro años preso sin ser juzgado en un plazo razonable.
Exigencias de investigación y omisión oficial
Desde el OVP recordaron que esta muerte es una de las al menos 22 documentadas en los últimos meses, la mayoría vinculadas a la falta de atención médica oportuna. “La pena de muerte no está prevista en nuestra legislación, pero la indolencia institucional produce el mismo resultado”, afirmaron. La familia y organismos de derechos humanos exigen una investigación inmediata e imparcial sobre las circunstancias del fallecimiento. Hasta el momento no se han recibido declaraciones oficiales de las autoridades penitenciarias ni del Ministerio de Servicios Penitenciarios.
