Reducción de casos no implica cese de la violencia institucional
El más reciente informe de la ONG Provea revela que 10.853 personas fueron asesinadas por agentes del Estado venezolano desde el inicio del mandato de Nicolás Maduro hasta el año 2025, en lo que se conocen como ejecuciones extrajudiciales. Pese a que los datos de 2025 muestran el registro de 336 víctimas —una reducción del 35,8% en comparación con 2024—, para Keymer Ávila, investigador del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y director del Monitor del Uso de la Fuerza Letal en Venezuela (MUFLVEN), esto no representa un cese de la violencia institucional, sino una sofisticada mutación en las estrategias de control social y represión.
Para comprender la magnitud de esta realidad, Efecto Cocuyo conversó con Ávila, quien ofrece una radiografía sobre las ejecuciones extrajudiciales en el país: el Estado venezolano ha transitado de una letalidad masiva y ruidosa hacia un modelo de represión más selectivo, discreto e institucionalmente blindado. Lo primero que el criminólogo aclara es el optimismo desmedido ante la baja de los homicidios. Los monitoreos de organizaciones civiles se basan mayoritariamente en casos reseñados por la prensa, en un contexto de asfixia mediática y autocensura.
Subregistro y cifras reales
“Cuando se tenía información oficial con la cual se podían establecer contrastes, apenas se lograba cubrir un tercio de lo que realmente sucedía. Así que fácilmente la cifra real puede ser el doble o el triple”, advierte Ávila. En la entrevista concedida a Efecto Cocuyo, Ávila detalló que la aparente disminución de casos responde a una coyuntura multifactorial. Por un lado, se debe a una “pacificación negativa” derivada de una liberalización económica fragmentada y de la consolidación autoritaria. Por el otro, influye el éxodo migratorio, el cual ha reducido en al menos 20% la población del país, lo que afecta especialmente a los hombres jóvenes, que suelen ser los principales sujetos activos y pasivos de la violencia.
“Lo primero que hay que advertir es que este tipo de seguimientos, encomiables, que con mucho esfuerzo hacen organizaciones como Provea o el propio Muflven, está basado, principalmente, en casos publicados en prensa, lo que implica un subregistro muy grande”, señaló Ávila. “Cuando se tenía información oficial con la cual se podían establecer contrastes apenas se lograba cubrir un tercio de lo que realmente sucedía. Así que cuando alguna de estas organizaciones, que hacen un trabajo extraordinario, dan una cifra sobre estos casos, fácilmente la cifra real puede ser el doble o el triple”.
Mutación de las tácticas represivas
Ávila explicó que la disminución de casos no necesariamente significa menos abusos. “Encontramos que, si bien había una disminución, a su vez, también se podía evidenciar mayores abusos y arbitrariedades. Por ejemplo, el porcentaje que las muertes por intervención de la fuerza pública ocupa dentro de los homicidios es de al menos 20%, algo que no vemos en otros países”. Otro indicador clave es el índice de letalidad, que es la razón entre fallecidos por cada herido, que no debería ser mayor de 1. “En los años que hemos observado disminución de casos este índice ha aumentado superando los 50 fallecidos por cada herido. Lo que sugiere un uso desproporcionado y abusivo de la fuerza letal”.
El investigador afirmó que sí hay una mutación más selectiva y discreta, pero no por ello menos brutal. “Y lo vemos no solo con las muertes por intervención de la fuerza pública, como ya lo he explicado, pasa también con las detenciones arbitrarias. Un ejemplo: la extrema represión post electoral del año 2024, que dejó una cifra muy alta de más de dos mil personas detenidas por estas razones, reconocidas oficialmente”.
Impunidad y perfil de las víctimas
El informe destaca que 76% de las presuntas ejecuciones ocurrieron en pleno día. “La ausencia de controles internos y externos y la impunidad de estos casos trae como consecuencia que cada vez tengan menos cuidado con las formas, ya que cuentan con todo un respaldo institucional en sus actuaciones”, indicó Ávila. El perfil de la víctima se mantiene: 54% tenía entre 18 y 30 años, y 4% eran menores de edad. “Ese es el perfil tradicional e histórico de las víctimas de la violencia institucional en nuestra región. Los jóvenes racializados de los sectores populares no son sujetos de la política social, sino objetivos militares de las políticas securitarias y de control”.
En cuanto a la responsabilidad de los cuerpos de seguridad, el informe señala que la PNB y el Cicpc encabezan estas muertes, con un empate técnico de 96 presuntas ejecuciones cada uno durante 2025. Ávila recordó que “antes de la creación de la Faes de la PNB el Cicpc ocupó por décadas los primeros lugares en la generación de muertes por su intervención. A partir del año 2019 la PNB comenzó a disputarle los primeros lugares hasta ahora”.
Falta de investigación y vacío informativo
El investigador señaló que el Ministerio Público no investigó estas muertes durante 2025 y la Defensoría del Pueblo guardó silencio. “En nuestra investigación sobre la FAES, siguiendo métodos aplicados por la ONUDD para estimar los niveles de impunidad, estimamos que -al menos- el 99% de los casos de homicidios cometidos por las Faes quedan impunes”. Ávila detalló que toda la estructura del Estado se ha plegado a la protección institucional de los funcionarios involucrados y a procurar su impunidad, incluyendo al Cicpc, el sistema de administración de justicia y el Ministerio Público.
Finalmente, el criminólogo atribuyó el vacío informativo actual a la merma de los medios independientes, la autocensura y la falta de financiamiento. “La merma de los medios independientes; la autocensura; la falta de financiamiento, no solo para la cobertura de noticias, también para realizar investigaciones independientes por parte de organizaciones de la sociedad civil y universidades, que se vincula al mundo post pandemia, la guerra de Ucrania y en Gaza, que han generado un cambio de la agenda geopolítica, en la que ya la violación de derechos humanos en Venezuela no es de interés”.
