El excoronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Ephraín Enrique Verdú Torrelles, acusado de asesinar a la estudiante Geraldin Moreno, rechazó este miércoles ser extraditado por España a Argentina, donde la justicia lo reclama por delitos de lesa humanidad. La decisión fue manifestada durante una comparecencia por videoconferencia ante el juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional española.
Audiencia de presentación
En la audiencia, Verdú Torrelles indicó que no consiente su entrega a Argentina, según informaron fuentes jurídicas. Tras esta declaración, el caso pasará a la Sala Penal de la Audiencia, que convocará una vista para estudiar la extradición, un procedimiento habitual en este tipo de procesos en España.
La causa en Argentina
La Justicia argentina tramita desde 2023 una causa contra el gobierno de Nicolás Maduro (apresado en enero pasado por Estados Unidos) por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, tras una denuncia presentada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD). La denuncia se fundamenta en la jurisdicción universal, que permite procesar delitos graves contra los derechos humanos sin importar el lugar de comisión o la nacionalidad de las partes.
Las autoridades judiciales argentinas cursaron en febrero pasado la petición de extradición al tener información de que Verdú Torrelles se encontraba en España. Una misión de la ONU que investiga crímenes de lesa humanidad en Venezuela describió la solicitud como un "avance judicial clave".
Movilización y otros casos
De forma simultánea, ciudadanos y activistas de derechos humanos se concentraron frente al tribunal en Madrid para respaldar las demandas de las víctimas. InterJust, organización que representa a los querellantes, reveló que una de las víctimas es Rosa Orozco, madre de Geraldin Moreno, una estudiante y jugadora de fútbol sala de 23 años asesinada por agentes de la GNB en febrero de 2014 en el estado Carabobo. Cuando ocurrieron los hechos, Verdú Torrelles era comandante del destacamento de Seguridad Urbana de Carabobo y estaba al frente del operativo policial.
Además, la justicia argentina investiga otro caso identificado como J.A.M.F., quien el 19 de febrero de 2014 registró con su teléfono móvil cómo las fuerzas de seguridad reprimían una protesta pacífica en Caracas. Al ser descubierto, fue perseguido y los agentes le dispararon sin herirlo, pero lo atraparon y golpearon, y trasladado al hospital donde continuó la paliza. Murió cuatro días después a causa de las lesiones.
Las denuncias son tramitadas por el Juzgado Federal N° 2 de Buenos Aires, a cargo del juez Sebastián Ramos, con intervención del fiscal Carlos Stornelli. En septiembre de 2024, Ramos ordenó la captura internacional del ministro venezolano de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y otros trece funcionarios por crímenes de lesa humanidad.