La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) han llamado al Estado venezolano a derogar toda normativa que restrinja indebidamente el derecho a la libertad de expresión, incluida la 'Ley contra el Odio'. Además, han exhortado a la Asamblea Nacional a garantizar un proceso transparente y participativo para su reforma.
El contexto de la reforma
El 29 de septiembre de 2026, la Asamblea Nacional creó la 'Comisión Especial para la Reforma Parcial de la Ley Constitucional contra el Odio', a solicitud del Ejecutivo, con el fin de avanzar en la 'despenalización de los tipos penales previstos en esta norma'. En febrero, el presidente de la Asamblea ya había planteado la posibilidad de reformar la ley, al señalar que se habían producido situaciones de 'mala utilización' de sus disposiciones.
La preocupación de organizaciones civiles
Organizaciones de la sociedad civil venezolana han cuestionado la insuficiencia de la reforma parcial para corregir los vicios de origen, las restricciones desproporcionadas y las incompatibilidades de la norma con los estándares internacionales de derechos humanos. Además, han alertado sobre la falta de participación de la sociedad civil en el proceso de reforma.
El impacto de la ley
Según reportes públicos, entre 2017 y octubre de 2025, se registraron 85 casos de personas y medios de comunicación señalados por presuntos delitos de odio, incluidos 49 periodistas, trabajadores de medios y comunicadores, y 7 medios de comunicación. En 65 de estos casos se habría invocado la 'Ley contra el Odio'. Desde su promulgación en 2017, la CIDH y su RELE han advertido que las restricciones impiden severamente el ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela.
Las preocupaciones de la CIDH
La CIDH y su RELE han documentado el uso selectivo y desproporcionado de la norma para sancionar expresiones críticas y de interés público. Estas preocupaciones se agravaron en el contexto poselectoral de 2024, cuando se alertó sobre la instrumentalización de la ley para criminalizar, bajo cargos de incitación al odio, a personas percibidas como opositoras.
