El juez que instruye el caso Plus Ultra, en el que ya está imputado el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, emitió un auto este jueves para investigar también a sus hijas, Alba y Laura Rodríguez, y a su secretaria, Gertrudis Alcázar. La decisión judicial se produce un día después de que el exmandatario declarara en la Audiencia Nacional de Madrid.
Comparecencia ante el juez
Zapatero compareció el miércoles ante el magistrado, quien ahora ha ordenado poner la causa en conocimiento de las tres mujeres para que puedan personarse como investigadas y ejercer su derecho de defensa. El expresidente se convirtió así en el primer exjefe del Ejecutivo español investigado por la justicia, tras ser citado por supuestos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Papel de las hijas en la trama
En el auto, el juez califica de “papel instrumental” la función que la empresa What the fav, administrada por las hijas de Zapatero, habría tenido en la canalización de fondos. Según la resolución, este rol sitúa a Alba y Laura Rodríguez “en el círculo de personas potencialmente afectadas por la imputación”. La investigación apunta a que dicha sociedad pudo haber sido utilizada para mover recursos dentro de la presunta red ilícita.
La secretaria, pieza clave
Respecto a Gertrudis Alcázar, el magistrado se remite a los indicios ya detallados en el auto de imputación de Zapatero. Allí se le atribuye “un papel operativo esencial dentro de una red organizada orientada al ejercicio ilícito de influencias”. La secretaria habría participado en las maniobras que, según la acusación, buscaban favorecer a la aerolínea Plus Ultra.
El préstamo a Plus Ultra y las joyas
El caso gira en torno a un préstamo público de 53 millones de euros otorgado en 2021 a la aerolínea Plus Ultra durante la crisis de la pandemia. Zapatero negó en su declaración judicial haber ejercido influencia alguna para obtener el crédito, según indicaron fuentes jurídicas a EFE. Además de estos cargos, el expresidente enfrenta acusaciones de delito fiscal y contrabando relacionadas con casi 80 joyas que guardaba en una caja fuerte de su oficina, valoradas en 1,3 millones de euros. Este hallazgo ha generado gran controversia política y mediática, aunque el exmandatario no se ha pronunciado públicamente sobre su origen ni su situación tributaria.